El propio órgano de control desde Lima confirmó la existencia de un esquema sistemático y reiterado de viáticos indebidos en Cajamarca. Los funcionarios y servidores implicados no solo habrían quebrantado la normativa interna de la Contraloría, sino que además habrían incurrido en delitos contra la administración pública.
Un informe de la Contraloría General de la República ha destapado un caso que golpea el corazón mismo de la entidad encargada de velar por la transparencia en el Estado, y que debiera ser la institución garante de la probidad y vigilancia del uso de los recursos públicos, más en una región que ha sido catalogada por los altos índices de corrupción en diferentes instituciones como la Dirección Regional de Salud.
El Informe de Control Posterior N.° 041-2023-2-0079, de fecha 17 de noviembre de 2023, acreditó que, durante los años 2020, 2021 y 2022 funcionarios y servidores de la Gerencia Regional de Control de Cajamarca (GRC) y del Órgano de Control Institucional (OCI) implementaron un patrón sistemático de otorgamiento indebido de viáticos “tipo departamento” y “tipo nacional”, pese a que las comisiones de servicio se realizaron en la misma localidad donde ya laboraban.
El perjuicio económico directo al Estado asciende, según el documento, a S/ 40,543.23, detallado en:
• 2020: 65 viáticos indebidos → S/ 5,320.95.
• 2021: 42 viáticos indebidos → S/ 14,833.28.
• 2022: 67 viáticos indebidos → S/ 20,389.00.
EL PROPIO INFORME ADVIERTE
“Existió un patrón sistemático y reiterado de otorgamiento indebido de viáticos, en abierta contravención de la normativa interna de la Contraloría General de la República, generando un perjuicio económico directo al Estado”.
POSIBLES DELITOS Y PENAS
De acuerdo con el Código Penal peruano, estas conductas encajarían en las figuras de:
• Peculado doloso (art. 387), por apropiación de caudales públicos, con penas de 8 a 12 años de cárcel.
• Malversación de fondos (art. 389), por destinar recursos a fines ajenos a la función pública.
• Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (art. 399), con penas de 4 a 6 años de prisión.
La reiteración del esquema evidencia un modus operandi doloso, que trasciende la esfera administrativa y compromete directamente la responsabilidad penal de los implicados.
FUNCIONARIOS IMPLICADOS
El informe identifica e individualiza a los siguientes funcionarios y servidores:
Gilberto Chávez Villanueva, Jonatan Montenegro Duarez, Marco Arturo Burga Rojas, Karla Patricia Huatay Lavan, Nerio Oriel Llatas Muñoz, Pilar Alejandrina Salirrosas Vásquez, Jozmer Agadir Rodríguez Peltroche, Sandra Lizeth Cabanillas Chávez, César Eugenio Enco Paredes, Neivy Celeste Paredes Díaz, José Carlos Vilchez Melgarejo, Víctor Manuel Valdiviezo Gallardo, Dilmer Adilio Echevarría Aguirre, Erika Milagro Hernández Campos, Sandy Noellia Bon Rodríguez, Deisy Margot Chilón Fernández y Katherin Michel Santamaría Paredes.
Su participación, como beneficiarios directos, autorizantes, tramitadores u omisos en el deber de control, configuraría una responsabilidad penal individualizada, que no podría ser diluida en simples faltas administrativas como así lo ha establecido la jurisprudencia penal vinculante, que refuerza que la responsabilidad administrativa o civil señalada por la Contraloría no excluye la persecución penal.
ESCÁNDALO INSTITUCIONAL
La gravedad del caso radica en que las irregularidades ocurrieron en el seno de la propia Contraloría con sede en Cajamarca, institución que ha sido implacable al sancionar a otras entidades del Estado, pero que, en este caso, no ha realizado la publicación de dicho informe, pese al tiempo transcurrido, lo que le da un tufo a posible encubrimiento de las personas involucradas y al menoscabo de la imagen de esa institución.
Aplicando el principio de igualdad ante la ley, se tiene conocimiento que la Procuraduría General del Estado y Ministerio Público iniciaron las acciones penales para evitar que este esquema sistemático quede impune.
Lo ocurrido no solo constituye un daño económico al erario nacional, sino también un quebrantamiento grave de la confianza pública en una entidad que debería proteger el correcto desempeño de funcionarios.
En comunicación con una fuente en la Contraloría con sede en Lima, se informó a Otra Prensa que, al cierre de esta nota, se está a la espera de una sentencia y se desconoce si será o no favorable a los involucrados.
Fuente: Otra Prensa
