Sunedu cierra dos universidades en agosto de 2025, tras negarles licencia.
La Universidad Científica del Perú, ubicada en Iquitos, y la Universidad Privada San Carlos, situada en Puno, no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por Sunedu. Sin embargo, la medida reaviva críticas sobre presuntos criterios desiguales aplicados en el proceso de licenciamiento.
Para agosto de 2025, dos universidades peruanas cerrarán sus puertas tras ser denegadas sus solicitudes de licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Se trata de la Universidad Científica del Perú (UCP) y la Universidad Privada San Carlos (UPSC), instituciones que, según resoluciones del Consejo Directivo, no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la ley universitaria vigente.
¿Criterios de calidad o doble rasero en la Sunedu?
En el caso de la UCP, ubicada en la ciudad amazónica de Iquitos, Sunedu argumenta que existieron inconsistencias presupuestales relacionadas con la planificación académica y los procesos de acreditación de calidad educativa. Además, la universidad no habría dispuesto de infraestructura adecuada, especialmente para carreras como ingeniería, ni mecanismos efectivos de mejora docente. La institución cerró actividades el 16 de agosto.
La UPSC, situada en Puno, por su parte, cerrará el 30 de agosto tras determinarse que no garantizaba habitualidad en las actividades académicas, incumplía planes de seguridad y carecía de una línea de investigación operativa, además de contar con docentes que no cumplían los requisitos mínimos establecidos por la normativa. En ambos casos, la Sunedu también determinó que estas universidades no podrán emitir grados ni títulos profesionales.
Sunedu en 2020 otorgó licencias a universidades que estaban en plena construcción
Sin embargo, más allá de los informes técnicos que sustentan estas decisiones, surgen cuestionamientos sobre la coherencia y equidad con la que la Sunedu aplica sus criterios. Durante los años más críticos de la pandemia, en 2020 la misma institución otorgó licencias a universidades que ni siquiera estaban construidas, como fue el caso de entidades vinculadas al poderoso grupo Intercorp. Según denuncias periodísticas y testimonios académicos, algunas de estas universidades recibieron el visto bueno cuando solo existían zanjas y cimientos, sin cumplir físicamente con las Condiciones Básicas de Calidad que hoy se exigen con rigor a otras instituciones.
Esta aparente ‘doble vara’ ha generado indignación entre estudiantes y docentes de las universidades que sí fueron sancionadas. Miles de jóvenes —en su mayoría de zonas alejadas o con recursos económicos limitados— han quedado sin posibilidad de continuar sus estudios de forma inmediata, mientras que otras universidades, con respaldo económico y político, lograron no solo licenciarse, sino también consolidarse en un mercado educativo cada vez más competitivo.
El poder de Sunedu para cerrar universidades tiene como objetivo garantizar la calidad académica. Sin embargo, la ausencia de criterios uniformes, así como la falta de transparencia en algunos procesos, ha generado dudas razonables sobre su imparcialidad. Especialistas y exfuncionarios han advertido que el modelo de supervisión debe mantenerse firme, pero también requiere mecanismos de rendición de cuentas, para evitar convertirse en un actor que regula con sesgo.
Mientras tanto, los estudiantes afectados por los recientes cierres deberán tomar decisiones rápidas. Sunedu ofrece dos opciones: traslado a otra universidad licenciada o permanencia por un máximo de dos años en su institución actual, siempre y cuando se garantice la continuidad con estándares mínimos. La Universidad Nacional de Juliaca, por ejemplo, ya anunció que recibirá a estudiantes trasladados desde la UPSC, facilitando la convalidación de cursos y procesos académicos pendientes.
En medio de este panorama, la pregunta persiste: ¿realmente se protege a los estudiantes con estos cierres? ¿O estamos frente a una política de calidad educativa que sanciona a los más débiles mientras beneficia a los grupos con mayor poder económico?
