La gestión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, atraviesa una tormenta de críticas ciudadanas que no deja de crecer. Vecinos, dirigentes y voces locales señalan que la autoridad mantiene a su alrededor asesores sin capacidad, desconectados de la realidad de la ciudad y sin propuestas claras para enfrentar los problemas más urgentes.
Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta a los asesores de urbanismo. Según la denuncia, varios de ellos no solo carecen de experiencia comprobada, sino que además habrían ocupado cargos en gestiones anteriores, incluyendo la del exalcalde Roberto “Beto” Torres, sentenciado por actos de corrupción.
Para los ciudadanos, esta situación refleja una continuidad peligrosa. Mientras la población esperaba renovación y transparencia, lo que encuentran es la repetición de un mismo círculo de funcionarios que arrastran cuestionamientos y sospechas desde hace más de una década.
Chiclayo enfrenta problemas estructurales de larga data: calles deterioradas, tránsito caótico, obras inconclusas y deficiencias en los servicios básicos. Sin embargo, según las críticas, la gestión actual parece incapaz de ofrecer soluciones técnicas, limitándose a acciones reactivas y aisladas.
La percepción de improvisación es constante. “Se gobierna tanteando a ciegas”, señalan dirigentes vecinales, quienes aseguran que no existe un plan estratégico que encamine el futuro de la ciudad hacia un desarrollo ordenado y sostenible.
Los asesores, en lugar de convertirse en fuentes de apoyo y propuestas, son catalogados como “decorativos”. Para muchos chiclayanos, su presencia solo significa gasto público innecesario y falta de compromiso real con la transformación de la ciudad.
La sombra de la corrupción vuelve a instalarse en la discusión pública. Las críticas apuntan a que la tolerancia hacia prácticas irregulares dentro de su gestión es evidente.
“La corrupción está en sus narices”, afirman ciudadanos que consideran que los funcionarios de segundo nivel actúan con libertad total, sin control político ni fiscalización efectiva desde la cabeza de la municipalidad.
El desencanto se profundiza cuando se recuerda que Chiclayo ya padeció gestiones cuestionadas como las de Torres, David Cornejo Chinguel y Marcos Gasco. Tres etapas distintas con un mismo resultado: desconfianza ciudadana, procesos judiciales y parálisis en el desarrollo local.
Para muchos vecinos, la actual administración se perfila como la continuación de esa historia. “La misma corrupción, la misma indiferencia, pero con nuevos nombres”, repiten con indignación.
El problema, sostienen analistas locales, no es solo de personas. Chiclayo requiere un rediseño institucional que garantice meritocracia y transparencia en los cargos de confianza. Mientras los asesores sean nombrados bajo criterios políticos o de conveniencia personal, el ciclo de ineficiencia no se romperá.
En tanto, la ciudad sigue acumulando deudas sociales: deficiencias en limpieza pública, inseguridad creciente, falta de obras de impacto y abandono de espacios emblemáticos que alguna vez representaron orgullo local.
Comerciantes y transportistas, entrevistados en el centro de la ciudad, coinciden en que Chiclayo está “estancado”. Para ellos, las promesas de campaña quedaron en el olvido y las decisiones de la actual gestión no reflejan las urgencias diarias de la población.
El malestar ciudadano ya no se expresa solo en redes sociales o en conversaciones privadas. Cada vez más, toma la forma de pedidos directos de renuncia, como medida extrema para permitir un nuevo inicio en la conducción municipal.
“Por favor, dé un paso al costado, deje a Chiclayo tranquilo, permita que la ciudad salga adelante”, reclaman con dureza algunos colectivos ciudadanos que ven en la alcaldesa y su entorno de confianza el mayor obstáculo para el progreso.
Los especialistas en gestión pública señalan que este nivel de crisis política afecta directamente la capacidad de atraer inversiones y ejecutar obras públicas, factores esenciales para revertir años de rezago.
Chiclayo no puede darse el lujo de más improvisación. Si no se adoptan medidas urgentes, el costo lo seguirá pagando la población con servicios deficientes y oportunidades perdidas.
En medio de esta situación, la alcaldesa Cubas enfrenta un dilema político: rectificar, separar a los funcionarios cuestionados y reconstruir la confianza, o persistir en un modelo que amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de crisis institucional.
El tiempo corre. La ciudadanía, harta de excusas y promesas incumplidas, exige resultados concretos. El margen de paciencia se reduce mientras la indignación aumenta.
Chiclayo, una ciudad con potencial de desarrollo y liderazgo regional, vuelve a ser protagonista no por sus avances, sino por denuncias de corrupción, improvisación y desgobierno. La historia parece repetirse, pero la población ya no está dispuesta a callar.
