El congresista Ilich López, actual presidente de la Comisión de Economía del Congreso, ha impulsado junto a José Jerí (Somos Perú) un proyecto de ley que, bajo la promesa de «fortalecer las cajas municipales», plantea cambios normativos que facilitarían el ingreso de figuras políticas, como ellos mismos, a los directorios de estas entidades financieras.
Pero hay un antecedente clave: en 2011, López fue suspendido y luego removido del directorio de Caja Huancayo por actos que comprometieron la transparencia institucional. Según el acta N.º 023 de ese año, el entonces director vulneró normas internas al intervenir indebidamente en procesos de selección de personal y contratación de servicios. En concreto, presionó al jefe de seguridad para modificar bases de una licitación de vigilancia y solicitó apoyo para postulantes a prácticas profesionales que él mismo recomendó. Todo esto, sin tener facultades ejecutivas.
La remoción fue respaldada por un informe del jefe de Auditoría Interna, Justo Colonio, quien concluyó que las acciones de López contravenían los principios de gobierno de la caja y afectaban su transparencia. Se aplicó así el artículo 180° de la Ley General de Sociedades, que permite la remoción de directores por infringir su deber fiduciario.
Ahora, desde el Congreso, López propone una ley que flexibiliza los requisitos para ser director de una caja municipal, permitiendo que congresistas, autoridades y funcionarios públicos puedan acceder al cargo. Reduce además las causales de vacancia a solo tres: fallecimiento, renuncia o remoción por impedimento legal.
Pero el cambio más llamativo es la sanción como falta grave a los funcionarios de auditoría interna que “interpreten de forma sesgada” las normas al evaluar a los directores. Es decir, se busca limitar la fiscalización como la que en su momento derivó en su salida.
Adicionalmente, el proyecto traslada la elección del representante de los pequeños comerciantes y productores a la Confederación Nacional de Comerciantes (CONECO), una organización vinculada a José Jerí, lo que refuerza las sospechas sobre el carácter personalizado de la iniciativa.
Más que una reforma estructural, el proyecto parece buscar eliminar barreras para que figuras con antecedentes cuestionables como López puedan volver a dirigir entidades financieras bajo el amparo de la ley. Una estrategia política que transforma las sanciones del pasado en oportunidades futuras.
