Durante el juicio a Ollanta Humala y otros por aportes de Odebrecht, la jueza Nayko Coronado recibió varios documentos oficiales desde Brasil, advirtiéndole que estaba validando pruebas obtenidas ilegalmente. Sin embargo, la magistrada siguió adelante y dictó condena.
“El Poder Judicial de Brasil determinó que para las declaraciones de los ciudadanos brasileños se debe tramitar la carta rogatoria (exequatur) y no la solicitud directa pasiva como lo había solicitado el Ministerio Público de Perú”, indicaba en un oficio, la subprocuradora general, Ana Borges Coelho Santos.
La cooperación internacional obligaba a que el fiscal Germán Juárez Atoche gestione el envío de la “carta rogatoria”. Esto se debía hacer entre las unidades especializadas.
En vez de eso, el miembro del Equipo Lava Jato simplemente enviaba enlaces de Google Meet para que los testigos se conectaran y declararan en las audiencias.
Además, puso como prueba de que Humala había recibido dinero ilícito, la sentencia emitida en el país vecino el 26 de junio de 2017, la cual condenaba a Marcelo Odebrecht y a Antonio Palocci. Sin embargo, esta fue anulada en 2024.
