Un juez federal de Estados Unidos determinó que el proceso de desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) «probablemente» violó la Constitución, por lo cual, dispuso bloquear los recortes promovidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk.
El fallo, emitido por el juez Theodore Chuang, en Maryland, ordenó al gobierno restaurar el acceso a correos electrónicos y sistemas informáticos para todos los empleados de USAID, incluidos aquellos que fueron suspendidos administrativamente.
La decisión representa un revés significativo para la administración Trump, que había impulsado la eliminación de la agencia como parte de una política de recorte del gasto exterior.
El fallo responde a una demanda presentada por empleados y contratistas de USAID, quienes argumentaron que el despido masivo de personal violó protecciones constitucionales y puso en riesgo programas de asistencia internacional esenciales.
En febrero, la administración Trump dejó en licencia a la mayoría del personal de USAID y anunció el despido de al menos 1,600 empleados en Estados Unidos.
Trump había ordenado el congelamiento de la ayuda exterior tras regresar a la Casa Blanca en enero, alegando que gran parte de los fondos eran un «despilfarro». La Casa Blanca instruyó a DOGE, bajo la dirección de Musk, a revisar y eliminar programas que no se alinearan con las nuevas directrices.
Sin embargo, el juez Chuang concluyó que la administración actuó sin la autoridad legal necesaria para cerrar una agencia federal establecida por el Congreso.
«El tribunal considera que las acciones unilaterales de los demandados para cerrar USAID probablemente violaron la Constitución de los Estados Unidos», señaló en su resolución.
Elon Musk, quien supervisa el DOGE, defendió los recortes a la agencia, argumentando que su gestión se enfocaría en optimizar el gasto federal.
En publicaciones en redes sociales, Musk describió la eliminación de USAID como un proceso de “eficiencia extrema” y sugirió que la agencia humanitaria había operado durante años sin una verdadera rendición de cuentas.
El fallo no solo impide nuevos despidos y recortes en USAID, sino que también bloquea al DOGE de acceder a datos personales y administrativos de los empleados de la agencia. Asimismo, prohíbe cualquier acción destinada a cerrar oficinas, eliminar sitios web oficiales o interrumpir contratos en curso.
